Desde la aprobación de la Constitución de Montecristi en 2008, el marco de derechos individuales, colectivos y de la naturaleza alcanzó unas cosas inimaginables. Desde entonces, han pasado 10 años en los que su puesta en marcha ha tenido fuertes altibajos; con muchos de los derechos vinculados a la naturaleza bajo grave violación.
La Ruta se fue confgurando como necesidad, a lo largo de los años de aplicación de la Constitución de 2008, ante la impunidad de la violación de derechos y la profundización de un modelo de desarrollo territorial que se anudaba a la inacción de las instituciones del Estado, encargadas de hacer valer los derechos constitucionales. Los 10 años de gobierno de Alianza País habían dejado tal déficit en la aplicación de derechos, la imposición de proyectos extractivos y la criminalización de comunidades; que se hacía necesaria una respuesta de calado por parte de la sociedad civil. El desencadenante de que la Ruta se pusiera en marcha fue la represión del Pueblo Shuar, levantado a finales de 2016 contra los desalojos forzosos de la comunidad de Nankints y la implantación del proyecto minero de Panantza-San Carlos, que incluyó el cierre de Acción Ecológica; tras pedir la paz para los territorios.
La Ruta se marcó como objetivo generar una revisión de las políticas del Estado ecuatoriano en materia de derechos de la naturaleza, vinculando los derechos colectivos e individuales, con el fn de generar: “Verdad, Justicia y Reparación” en los casos de violaciones de derechos; para impedir que caigan en el olvido, la impunidad y con el objetivo de que los daños producidos sean reparados hacia las comunidades y restaurados hacia la naturaleza. La Ruta se configuró inspirada en las Comisiones de la Verdad que promovieron la Verdad, Justicia y Reparación; en los años 90 del Siglo XX, tras las dictaduras y guerras internas que asolaron América Latina. Las comisiones de la verdad se han institucionalizado tras la lucha de la sociedad civil por sus derechos, después de los conflictos armados y periodos dictatoriales en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Uruguay, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Honduras y Brasil.
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