El presente diagnóstico recopila los hallazgos más significativos de veintiséis comunidades insertas en conflictos de carácter socio ambiental. Se entiende como el involucramiento de esas comunidades, en contextos de explotación de recursos, en diversas formas de represión y resistencia y de cuatro organizaciones quienes, desde sus respectivos quehaceres, acompañan esas resistencias: una ONG ambiental, dos colectivos sociales (de jóvenes y mujeres indígenas) y un sindicato; los mismo que, en conjunto, permiten establecer patrones de conducta de los actores involucrados (Estado, agentes privados y comunidades y organizaciones). Para ello se establecen varios puntos para su análisis en el marco teórico del diagnóstico.
Cabe advertir la temporalidad y la subjetividad en la valoración del nivel de riesgo de los casos examinados. En cuanto a lo primero cabe recordar que en el marco teórico desarrollado utilizamos como ecuación para evaluar el riesgo, la proporcionada por la teoría relativa a las cuestiones de protección de personas defensoras de derechos humanos que a su vez coincide con la teoría de evaluación de riesgo en el escenario de desastres:
Así, el nivel de riesgo corresponde a la relación en la que las amenazas (OPAs y respuestas administrativas, punitivas o de cualquier otra índole) interactúan con las vulnerabilidades específicas de las comunidades (carácter étnico, socio económico, organizativo, entre otras) y la capacidad de respuesta con que éstas cuentan para disuadir la amenaza, contenerla o recomponer las violaciones ocurridas con ocasión de su realización.
Pero esa interacción de factores es variable, pues el riesgo es un concepto dinámico que “cambia a lo largo del tiempo y en función de las variaciones producidas en la naturaleza de las amenazas, la vulnerabilidad y la capacidad” (Protection International. Ob.cit. P. 33.). Así pues, este diagnóstico es una especie de fotografía que indica un estado de cosas en un momento dado, que es ahora (2021), lo que se traduce en que, aunque una comunidad haya pasado en algún momento por formas graves de represión, su estado de cosas actual puede no ser graduado como de mayor riesgo, incluso a pesar de las consecuencias derivadas de ello, máxime cuando se contrasta con la evolución de los procesos penales en dimensiones como la justiciabilidad o recomposición autónoma de las comunidades.
Esto nos lleva a lo segundo, la subjetividad de la evaluación. Si bien se estableció una escala basada en los estándares del DIDH y en los protocolos sobre manejo de desastres:
Y que esta escala busca hacer lo más objetivo posible el ejercicio de ponderación, lo cierto es que el punto de vista del observador (en este caso el equipo de investigación) puede variar respecto del punto de vista del participante (miembros de comunidades, acompañantes y miembros de organizaciones) y podría haber discrepancias en la consideración de la mayor o menor graduación del riesgo.
La adopción de este modelo es recomendable, además, porque se sintoniza con el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos, permitiendo la interlocución con agentes intergubernamentales susceptibles de incidir en las políticas públicas en la materia y en el plano nacional, generar desde abajo una pedagogía para los actores implicados, orientada en la conformación de una vigilancia conjunta de la convencionalidad de los actos y conductas del campo de la explotación de la naturaleza y su impacto en los derechos de ésta y de las comunidades.
